Con el fin de defender la soberanía del H. Congreso del Estado de Nuevo León en sus resoluciones, los diputados de la LXXVI Legislatura solicitaron con carácter de urgente una audiencia conjunta a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para discutir el resolutivo que se ha circulado de los Expedientes: SUP-JDC-536/2023 y acumulados en torno a la designación de Arturo Salinas Garza, como Gobernador Interino para entrar en funciones a partir del 2 de diciembre del presente año.
El escrito señala que la solicitud se plantea a fin de tener la oportunidad de manifestar lo atinente al interés del Poder Legislativo por el riesgo que corre la soberanía del Estado de Nuevo León y la división de poderes que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 116, si los asuntos en cuestión se resuelven de forma apresurada.
A su vez, la carta menciona que es claro que en el caso concreto, no existe la urgencia manifestada por los promoventes, de que estos asuntos sean resueltos en la sesión del día de mañana, 8 de noviembre de 2023; toda vez que en fecha 25 de octubre de 2023, el Congreso del Estado otorgó a Samuel García Sepúlveda, licencia por seis meses para que pudiera participar en el proceso electoral 2024.
Los diputados resaltaron que a la fecha, existen dos controversias constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deben ser tomadas en consideración para la resolución de los asuntos en cuestión; a saber, los números 487/2023 y 488/2023, promovidas por el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, ambos del Estado de Nuevo León, respectivamente, y que versan sobre las pretensiones de los promoventes de los juicios bajo su conocimiento.
Los legisladores pidieron que se otorgue la audiencia conjunta con carácter de urgente, a las 8:30 am. del día 8 de noviembre de 2023, al Presidente del H. Congreso del Estado de Nuevo León y a los diputados integrantes de esta LXXVI Legislatura, a fin de estar en aptitud de ocurrir en defensa del interés de los ciudadanos del Estado de Nuevo León que representan.
